Desde el año 2006 en que fue sancionada la Ley de Personal n° 12.521, resultó un retroceso no solo para la carrera policial, sino, también para el servicio de seguridad pública que se pretendía en la provincia de Santa Fe; de hecho, jamás se han aplicado el cuarenta por ciento de sus artículos.

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El gobierno de Jorge Obeid en el año 2006 quiso darle una impronta a la seguridad pública, y entendió que la democratización de las fuerza policial llegaría de la mano de una reforma a una legislación interna; que solo tuvo un maquillaje en el cambio de las escalas jerárquicas, un sistema de administración de sanciones disciplinarias nunca aplicado; y la creación del Instituto de Seguridad Pública (I.Se.P.) como ente autárquico en reemplazo de las escuelas policiales, hasta entonces dependientes del jefe de policía.

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Después de ello, nada nuevo; y tampoco nada muy diferentes para el servicio hacia la gente; de hecho en el gobierno de Antonio Bonfatti se crearon los denominados Nodos, con jefaturas regionales que llevaron más confusión que certezas; y fueron disueltos con la llegada del entonces ministro Maximiliano Pullaro en el gobierno de Miguel Lifschitz.

 

Sostengo que la implementación de un nuevo sistema de seguridad que de resultados ante el acelerado índice delictivo, más allá de reformas con leyes para paliar la parte social, para la resociabilización en unidades penitenciarias, y todo lo que conlleve a un sistema de educación más inclusiva; necesita de normas legales policiales nuevas, sí, esta vez democráticas, y aplicables.

 

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Participación de los trabajadores

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En la institución policial los trabajadores piensan en varias direcciones respecto a una normativa más justa para su trabajo, puede haber matices, pero terminan confluyendo en el mismo objetivo; en contraposición, ninguna de esas ideas son las que finalmente plasma el partido que gobierna, si hasta pareciera que cuanto más se contradice a los uniformados, es mejor.

 

Siempre se ha buscado la participación del sector policial, a través de canales institucionales, sea por la propia institución, por la Legislatura, e incluso por otros organismos como por ejemplo la Defensoría del Pueblo, con más silencios que voces; y si algo pudo haber cambiado, tuvieron que ver las organizaciones sindicales existentes en la provincia.

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Precisamente cuando la dirigencia política habla de democratizar a la fuerza policial, debe entender que estos forman parte de una comunidad social con una organización política común y un territorio y órganos de gobierno, denominado estado; por lo tanto, más allá de las particularidades de su labor, no pueden estar exentos de una representación colectiva regulada, o con prohibiciones de expresiones públicas que no afecten a la seguridad; y digo esto, por el seguimiento que muchas veces se hace sobre los trabajadores en sus perfiles de redes sociales.

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La democracia desde 1983 hasta ahora, solo ha entrado a gotas por las hendijas de los portones de las jefaturas policiales, es que es la propia "dirigencia política democrática" la que se los niega; esa misma que convierte a sus militantes en jueces; y a jueces en políticos, mientras este sector de trabajadores mira impávido tratando de entender porque para unos pocos todo, y para muchos nada.

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Reformar para mejorar, reformar para engrandecer

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Lo que expresé al principio; el cambio de normativa debe ser cualitativo, en serio, superador; y no quedar en ideas o alguna parte sustantiva de un digesto que después le da la facultades a alguien, para que en su libre albedrío la aplique de manera errónea.

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Si un trabajador sienta sus bases en un horizonte claro, seguramente no habrán de doblegarse ante acciones inmorales, o "caminos alternativos" para lograr objetivos en su carrera que los gobiernos no le dan; no es ello una justificación, pero tampoco algo que pueda negarse.

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Una torre en altura inmensa, se construye sobre columnas sólidas, duraderas y con una adecuación automática a los cambios sociales; la reforma policial debe darse, es una deuda de más de dos décadas.