Vranicich: "Manejo un órgano de gobierno, tomaremos decisiones políticas"

La flamante fiscal general de Santa Fe dice que priorizará perseguir el delito violento y sus conexiones "más allá de quién sea la persona a investigar".

A María Cecilia Vranicich le ofrecieron tres opciones para jurar como fiscal general de Santa Fe. Para conducir el Ministerio Público de la Acusación (MPA) eligió hacerlo "por la patria y el honor". Entendió que era una forma de compromiso laico que la igualaba con todos los santafesinos, creyentes y no creyentes, con o sin apego a cualquier religión. El ideario reflejado en la fórmula de juramento, la igualdad, lo repetirá en varios tramos de este diálogo. Como jefa de todos los fiscales de la provincia dice aspirar a mejorar la respuesta a la sociedad, tener muy presentes las expectativas de las víctimas dentro de la ley y sin caer en demagogias. "Vamos a investigar más allá de quien sea la persona a investigar. Y lo vamos a hacer con el principio de igualdad constitucional", afirma.

Para asumir con un amplio consenso legislativo dejó su cargo, que ya caducaba, de auditora general de gestión de los fiscales, cuyas faltas debió investigar cuando se tratara de hechos de sanción menor. Su historia profesional la hizo mayormente en Rosario aunque creció en Los Molinos, un pueblo del departamento Caseros, donde vivió hasta los 16 años. Se graduó de abogada en la UNR donde fue docente. Trabajó en el estudio particular de Héctor Superti que cuando ocupó el Ministerio de Justicia en 2007 la convocó a trabajar allí en el cambio de modelo penal. Fue funcionaria de la misma cartera y con el mismo fin con Antonio Bonfatti. Luego concursó para auditora. Finalmente, tras concursar entre ocho aspirantes, fue elegida por Omar Perotti en una terna para llegar a donde está ahora.

Cuando se le pregunta si está advertida del peso político de su rol no toma distancia de la palabra. "En el MPA tomamos decisiones políticas. Tengo claro el perfil de política criminal y voy a ser muy consciente de las decisiones políticas que tomemos". Dice que no asimila otro modo de gestión que no sea trabajo mancomunado con todos los poderes del Estado. Lo que según asegura incluye muy fuertemente las áreas no ligadas a seguridad para moderar el principal problema en el distrito más crítico: la violencia.

Al ser seleccionada dijo sobre el MPA: "Tengo claro el contexto y el diagnóstico". ¿Qué significa?

Me refería no solo al funcionamiento. Hoy en el MPA hay cuestiones como crimen organizado que no tiene una unidad para la actuación. Tenemos también que las fiscalías regionales, según el lugar, actúan con lógicas distintas frente a mismos delitos. Nuestro Código Procesal nos permite aplicar el criterio de oportunidad que es elegir qué delito priorizar para investigarlo y cuál prescindir de hacerlo ya que es una ficción pensar que todo puede ser investigado. Yo advierto que en algunos casos de delitos cometidos por policías se ha aplicado un criterio de oportunidad y en otros un criterio opuesto. A veces se los investiga y en otros no. Criterios así de dispares deben ser unificados. También debemos reconstruir algunos lazos de confianza que se encuentran resquebrajados entre unidades de fiscales que deben trabajar juntos.

En Rosario hay tres unidades fiscales que trabajan sobre los mismos actores criminales: en crimen organizado, balaceras y homicidios. Tareas específicas sin dudas pero que recae sobre los mismos grupos y con recursos distintos.

Hemos tenido reuniones de trabajo con la fiscal regional María Eugenia Iribarren. En mi plan cuando concursé para regional yo fundía esas tres áreas. Vengo charlando este lineamiento pero es algo que define la regional. Igualmente hay reuniones semanales entre esas unidades aunque yo pienso que sería importante fundir esas áreas en una gran unidad. No me quiero meter en una incumbencia que es de la fiscal regional rosarina.

Vivimos en una sociedad con 40 por ciento de pobres. Pobreza y delito no se determinan pero es cierto que la fragilidad social anula oportunidades en el mundo legal. ¿Qué mirada tiene de la desigualdad social a la hora de planificar intervenciones penales?

La respuesta histórica de que el MPA llega después de que se cometen los delitos mi gestión no la va a dar. Son necesarias las relaciones con otros poderes del Estado para trabajar en lo preventivo. Algo importante es reeditar y fortalecer los dispositivos donde trabajan muchas agencias estatales en los barrios. No solo policía sino equipos sociales de municipio y provincia en servicios urbanos, vivienda, desarrollo social. Eso lo vamos a empujar desde la Fiscalía General. Han funcionado bien en su momento, se obtiene mucha información y sirve para trabajar en lo preventivo. Hay algo que no podemos esquivar en cualquier decisión de gestión que es la selectividad del sistema penal. Nosotros vamos a priorizar trabajar en los delitos de violencia altamente lesiva más allá de quién sea la persona a investigar. Y lo vamos a hacer con el principio de igualdad constitucional, sin importar la condición de la que venga, de modo igualitario siempre. Igualmente quiero decir que la selectividad del sistema trasciende el sistema penal. En general cuando hablamos de actores políticos solo concebimos a los dirigentes partidarios. No a los funcionarios del Poder Judicial. Pero su cargo como el de muchos allí tendrá efectos en la vida de la gente, según los delitos que se prioricen, según el perfil de gente que vaya presa. ¿Se siente avisada del alto perfil político de su cargo?

Dentro de lo que es mi trabajo, la lógica del Poder Judicial, hay palabras que nosotros usamos que son innovadoras. En el MPA hablamos de órganos de gobierno. Esa definición fue todo un avance contra actores más conservadores que los llamaban órganos de dirección. Y son órganos de gobierno aunque haya pruritos en el Poder Judicial para nombrarlos así. En el MPA tomamos decisiones políticas. Tenemos una política institucional donde hacemos elecciones. En la política criminal juegan muchos actores del Estado. La política de persecución penal es un recorte más chico y allí estamos nosotros. Tengo claro el perfil de política criminal y voy a ser muy consciente de las decisiones políticas que tomemos. Nosotros vamos a tomar decisiones.

Una pregunta bien política entonces: ¿la provincia tiene o no competencia en lavado de activos?

Cuando estemos investigando un delito provincial y conectamos con un caso de lavado con los fiscales provinciales podemos seguir investigando el lavado. No hablo de un caso autónomo de lavado sino de investigar el lavado por tener el caso precedente. Ya tenemos antecedentes de pronunciamientos judiciales provinciales al respecto en el mismo sentido. Esos también son principios políticos.

Venimos de casi cuatro años sin contactos entre Poder Ejecutivo y Fiscalía General. La relación entre el gobernador Perotti y el fiscal general Baclini estuvo marcada por la desconfianza. ¿Qué opina de eso?

Mi gestión no concibe otra forma que no sea trabajando mancomunadamente con todos los poderes del Estado. Ya me reuní con el ministro de Seguridad y con la ministro de Gobierno. Uno de mis primeros lineamientos contra los delitos altamente lesivos es fortalecer la pata de la Agencia de Investigación Criminal (AIC). Tenemos 2105 policías trabajando en función judicial. Necesito tener bien el diagnóstico de cuántos policías tenemos y cómo están distribuidos. La distribución tiene que ser estratégica.

¿Cómo ve a la policía en relación al trabajo de investigación de los fiscales? Hubo casos reiterados de policías pasando información al campo del delito desde adentro de las fiscalías.

En los equipos de policía de investigación que existen hoy y se trabaja bien. No es que trabajan bien solo los fiscales. El trabajo es en equipo. El MPA trabaja con la AIC que integran policías. Tiene que haber el entendimiento de un equipo. Obviamente estando alerta a los focos de corrupción que puedan existir. En el MPA cuando se detectó algo así se investigó y se condenó. Si pensamos en el mundo que investiga los delitos tenemos los 800 integrantes del MPA, contando contratados y pasantes son 900, más los 2100 policías de la AIC. Hay recursos que son muy valiosos, pero hay otros que ir formando y capacitando.

¿Qué perspectiva tendrá su gestión sobre el delito de persecución más inusual, el de guante blanco, actores financieros, estudios profesionales, que integran estamentos con mucha influencia política y menos visibilidad?

Hay unidades especiales en todas las regionales que se llaman de Delitos Económicos o Complejos. Tienen que seguir con el mismo lineamiento. Cuando aparezcan estos sectores en conexidad con el crimen organizado la persecución contra ellos va a ser priorizada.

¿También si son sectores con representación política?

Por supuesto. Es el principio de igualdad.

En 2017 cuando el MPA recibió una denuncia sobre enriquecimiento de legisladores, la Legislatura por unanimidad puso en sus manos el régimen disciplinario para sancionar fiscales. El MPA lo consideró una marcada de cancha: para investigar a un legislador, un fiscal lo va a tener que meditar, porque la Legislatura tendrá el poder de sancionarlo. ¿Cómo ve hoy eso?

Entiendo que en aquel momento se jugaban muchas cuestiones. Las causas que llevaron a que se cambiara ese régimen a mi juicio fueron varias.

Hubo una bien determinante, que fue una denuncia por el destino de subsidios que recibían cinco senadores.

Ahora tenemos un sistema intermedio donde igual la Legislatura sigue teniendo el poder de remoción. Entiendo que hay que modificar el régimen disciplinario mejorando el sistema original. Mi idea es que un control que esté puramente en cabeza de un solo poder del Estado no es lo óptimo, sea del Poder Legislativo o Judicial. Tenemos que evaluar todo el sistema de remoción de funcionarios judiciales. Pero insisto nunca el régimen debe implicar que el poder sancionatorio esté en la mayoría de un solo poder estatal. Hoy el tema del régimen disciplinario está en la Corte de la Nación. Para mí claramente (lo que se hizo en 2017 en Santa Fe) debe ser modificado. Hay proyectos legislativos para eso. Pero hay que aprovechar para mejorar la ley originaria ampliando el tribunal de disciplina, con más legisladores, o colectivos de organizaciones no gubernamentales. Es muy atendible el temor de muchos fiscales de imaginar que si la Legislatura remueve tienen una espada de Damocles. Pero en la auditoría me preocupaba que este sistema se transforme en canales de impunidad hacia fiscales. No tienen que darse, en ningún caso, lógicas corporativas. Los últimos fiscales que se removieron estuvieron bien removidos. Igual no estoy defendiendo el sistema disciplinario como está hoy.

¿Qué expectativa tiene para cuando dentro de seis años le toque dejar el cargo?

Quiero dejar un MPA fortalecido. Es lo más importante en un órgano que va a transitar distintas coyunturas políticas. Asumimos con esta gestión de gobierno, van a pasar cuatro años con otro gobernador desde diciembre y vamos a terminar nuestro mandato con una tercera gestión. Mi gran desafío es dar tranquilidad hacia afuera en el sentido de que los ciudadanos tengan confianza de que el MPA es una institución autónoma, objetiva e independiente. Formar un organismo de investigaciones propio. Y dejar lógicas de equipos de trabajo, porque cuando se trabaja bien en equipo, las personas que los gerencian pasan a ser prescindibles. Nuestro trabajo en definitiva es no hacer las cosas en piloto automático: mejorar el trabajo de los fiscales y la respuesta a la sociedad. Dar respuestas a las víctimas y ofrecer la cara de una institución humana.

FUENTE: Diario La Capital