El gobierno soslaya la posibilidad de que un efectivo policial pueda ser victima fatal de la violencia con que está impregnada la ciudad de Rosario; si no se activan las alarmas, el desastre podría ser peor.
El ataque a un patrullero frente a la comisaría de Villa Gobernador Galvez, a sedes del MPA donde hay custodia policial, como así, el último, frente a la sede de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), ponen en claro que los delincuentes más violentos han puesto el ojo en la institución policial y en los propios uniformados.
El gobierno está impávido, tiene un discurso del éxito, un relato, y anuncios grandilocuentes de lo que está por venir para la institución, pero nunca llega; mientras quienes delinquen tienen cada día más poder de fuego que la propia fuerza, que en muchos casos por desidia ni chalecos les han provisto.
Antecedentes que encienden alarmas
Las alarmas se encendieron varias veces, en el año 2005, cuando el sargento primero José Luis Dieguez del Comando Radioeléctrico de 42 años, y padre de tres hijos, fue asesinado por evitar un asalto, llevaba 22 años en la fuerza.
El 5 de febrero de 2005, fue asesinado el sargento Orlando Martínez por dos jóvenes desde una bicicleta en la esquina de Felipe Moré y Bielsa, barrio Ludueña.
El detonante en la hoy ciudad más violenta del país, se dio 11 de abril 2005 cuando el agente Diego Navarro, de 23 años, fue asesinado mientras hacía adicionales en un supermercado de Agrelo al 500, en barrio La Florida. El policía se enfrentó con ellos y mató a uno pero perdió la vida al recibir un balazo. Este episodio generó un autoacuartelamiento de 20 horas que obligó al gobierno provincial a convocar a la Gendarmería para tareas preventivas en las calles rosarinas. Navarro no contaba con chaleco antibalas.
El gobierno y la justicia no manejan la información que está en las bases
La policía de la Unidad Regional II, Rosario, se ha caracterizado por plantarse en situaciones críticas, ya sea por cuestiones de maltrato laboral, salariales, o casos emblemáticos como los asesinatos de camaradas.
Cuando ocurrió el asesinato del agente Diego Navarro, el sindicato policial APROPOL (Asociación Profesional Policial) convocó un paro, con un alto acatamiento, la jefatura de Rosario se cerró por completo, y obligó al gobernador Jorge Obeid y al ministro Roberto Rosúa a dar respuestas inmediatas, que fueron resueltas en una discusión acalorada entre los representantes de los trabajadores y la jefa de policía de entonces, Leyla Perazzo.
Hoy, la situación no es diferente en cuanto al razonamiento que hacen los policías de calle; particularmente de la Agrupación Cuerpos de la Unidad Regional II, o de Unidades Operativas como la PAT, Policía Comunitaria; porque no se trata de los "meros planes de seguridad" de las autoridades políticas; sino que ellos analizan, y piensan seriamente que por estos tiempos su vida esta en peligro permanente.
Hoy el gobierno no conduce a la policía, esto está claro, ésta se sostiene en piloto automático en donde cada jefe de dependencia hace lo que puede con lo que tiene, y a veces pone hasta en riesgo su continuidad laboral o su libertad por dar órdenes donde expone a los subalternos.
Esa casi anarquía policial, que tiene más que ver con una autodefensa que con no respetar la conducción política, es la que ha de detonar si alguno de los suyos cae bajo las balas de los delincuentes; algo que no evalúa el gobierno hoy.
Las charlas en los tercios del Comando Radioeléctrico o de la Guardia de Infantería; en el BOU, en comisarias; todos están preocupados, a punto tal que el 80 % de los uniformados usa sus pistolas con los cartuchos en la recámara; algo que no se puede; pero, la ley no devuelve una vida, se dice por lo bajo.
Así, Rosario, la jefatura y los policías de la Unidad Regional II, hoy son una bomba de tiempo; el gobierno, Perotti y Rimoldi ven una película en la que los grandes protagonistas no aparecen, y esto es grave; y si matan a un policía, dicen que habrá guerra.
