El Senado santafesino pide la prisión preventiva ante portación ilegal de armas de fuego
Vuelve un clásico enfrentamiento en la Legislatura. La Cámara Alta aprueba por unanimidad y con discursos muy coincidentes normas más duras ante el delito, que difícilmente prosperen en Diputados. ¿Qué debe hacer la justicia con quien es sorprendido con un revolver sin el debido permiso?
La Cámara Alta respondió con un tratamiento inmediato a la habilitación legislativa en extraordinarias por parte del Ejecutivo, con la inseguridad como eje. Con apenas unos días en su poder, sobre tablas y por unanimidad produjo dos medias sanciones relevantes. En un caso completó la sanción de una ley venida de Diputados (que esperaba tratamiento desde julio del año pasado) e implica una reforma de fondo al Código Procesal Penal y vuelve al cuerpo joven en revisión. En el otro, se trata de una política pública elemental para hacer frente al robo de caudalímetros de agua, piezas de las instalaciones domiciliarias de gas y cables del tendido eléctrico. Incluso de los picaportes antiguos de las viviendas y de las placas conmemorativas en parques y plazas.
Es por fin ley la creación de un registro obligatorio para quienes se dediquen al acopio y la comercialización de infraestructura eléctrica, de conducción de gas y de agua potable, al crear un registro de acopiadores de bronce y cobre. Al proyecto de la diputada socialista Lionella Cattalini y su par justicialista Oscar Martínez (FR-100% Santafesino) no se le tocó una coma: estaba esperando que se complete su sanción desde el 9 de junio de 2022 y ahora, ante el pedido del gobernador, en un contexto de urgencias por la inseguridad, se aprobó sin dilaciones.
En otro asunto, bastante más espinoso, vuelve a instalarse el debate en la Legislatura entre una Cámara que buscar reformas para facilitar e incluso obligar a los jueces a dictar la prisión preventiva, mientras la otra observa con preocupación la posible afectación de las garantías individuales en una norma de este tipo. Unos acusan a otros de "punitivistas" y viceversa de "garantistas". En medio, la población y los problemas de inseguridad.
