Curro con horas adicionales, policías "fantasmas" y "prestanombres" y desfalcos varios

Son dos subinspectores y una inspectora que fueron detenidos el martes pasado en el marco de una redada de la ex Asuntos Internos que incluyó allanamientos en la sede de la Brigada de Orden Urbano (BOU) y la Sección Servicio de Policía Adicional de la UR II. Pese a que el fiscal pidió prisión preventiva y citó evidencias por varios delitos, el juez dictó libertad con reglas de conducta.

Tres policías fueron acusados de varios delitos relacionados con el manejo indebido de la asignación de horas adicionales, el presuento incremento patrimonial injustificado y con el pedido de "atenciones" –en el sentido de dádivas– a terceros en una causa que instruye el fiscal José Luis Caterina sobre irregularidades en los servicios de custodia abocados a la Dirección de Viviendas y otros destinos.

El martes, la Agencia de Control Policial (ACP, ex Asuntos Internos) detuvo a los subinspectores Ariel Omar “Pájaro” Gorgerino (46); Jorge Sebastián Castro (40) y a la inspectora Claudia Roxana Maese (52) en sus respectivos domicilios. Hubo secuestro de vehículos, celulares, planillas, armas sin documentación y mucho material para ser peritado.

También hubo allanamiento en la sede de la Brigada de Orden Urbano (BOU), ubicada en Juan Manuel de Rosas al 1300, donde supo funcionar la comisaría 1ª. De allí los ex asuntos internos se llevaron 103 libros de guardia que datan de 2019 hasta la fecha. Y secuestraron el celular de Beatriz Romero, la jefa de la Brigada y hermana de la jefa de Policía del Departamento Rosario, Margarita Romero.

Otra visita de los ACP fue en la Sección Servicio de Policía Adicional de la Unidad Regional II donde se incautaron de varios documentos (solicitud de contrato, contratos a Vivienda y Urbanismo, libros memorándum de guardia del año 2019 a la fecha, memorándum de operaciones, etcétera). Y los teléfonos de tanto la jefa como subjefa de la sección.

Con ese telón de fondo, el fiscal José Luis Caterina (Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos) les imputó este jueves a Gorgerino, Castro y Maese los delitos de malversación de caudales públicos en calidad de partícipes necesarios; peculado de trabajos o servicios en calidad de coautores y defraudación en perjuicio de una administración pública.

Al subinspector Castro tambien lo acusó de cohecho pasivo y exacciones ilegales agravadas –concusión–. Y por último, a Gorgerino le imputó falsedad ideológica.

La Fiscalía les atribuyó “en su rol de funcionarios policiales por lo menos durante 2019, 2020 y 2021 –con el abuso de la autoridad que les había sido conferida por ley y las reglamentaciones vigentes– haber gerenciado adicionales de la Policía coordinándolos desde la determinación de los objetivos (lugares que detentarían policía adicional para su custodia); la designación del personal que quedaría asignado a cada uno de esos objetivos; la determinación de los horarios y de la cantidad de horas que los efectivos deberían cubrir; la confección de planillas –tanto provisorias como definitivas– para ser presentadas ante la Sección Servicio de Policía Adicional dependiente de la Unidad Regional II, y aún arrogándose el control in situ en los diferentes objetivos”.

Todo ello, en particular –aunque no exclusivamente–, respecto de objetivos correspondientes a lugares, establecimientos o predios vinculados con la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo de la provincia de Santa Fe y de empresas particulares.

“Esta operatoria se llevaba a cabo bajo la dirección de Ariel Gorgerino, quien surge en la evidencia colectada como el principal referente con poder de decisión con relación a los adicionales y cuenta con el apoyo de Maese en la confección de planillas, ya que esta inspectora realizaba tareas de este tipo desde antes de 2019”, indicó el fiscal.

“Hay constancias fehacientes de que se abocaba a operatorias de este tipo con un jefe anterior que actualmente es inspector de zona”, agregó Caterina.

Gorgerino y Maese contaban en el territorio con Castro, que hacía las veces de controlador y mediador tanto entre Gorgerino y efectivos policiales. Y también entre Gorgerino y las víctimas, señaló la acusación.

En este contexto, empezaron a surgir denuncias por parte de diferentes personas que aluden a irregularidades en los adicionales tanto por exceso como por defecto.

Por exceso, por asignar a efectivos policiales horas por encima o por fuera de lo permitido por la ley y la reglamentación.

“Pero también –continuó Caterina– por defecto, por cuanto empezó a hablarse de policías «fantasmas» o también denominados «prestanombres», expresiones que aludirían a personas de existencia real que se desempeñan de ordinario como efectivos policiales pero que no concurren a cumplir con el adicional en el objetivo, sino que ceden su nombre y número de asignación como voluntarios para cumplir adicionales de modo tal que las planillas puedan reflejar un virtual cumplimiento con los objetivos mandados".

Esta es una "concesión que hacen a cambio de un porcentaje del pago que hubieran percibido de haberse presentado efectivamente, de lo que se deduce la percepción de un complemento a ese porcentaje que se paga efectivamente y que el prestanombre cede a los responsables de la maniobra que le permitieron tener un rédito económico sin presentarse a cumplir con el adicional”, indicó el funcionario del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

La maniobra –adelantó el fiscal– podría ser compatible a prima facie con un incremento del patrimonio de Gorgerino que no podría justificarse, de acuerdo con el informe preliminar elaborado por la División de Análisis Patrimonial de la ACP Delegación Zona Sur. Al “Pájaro” Gorgerino le secuestraron un auto KIA Sorento; un taxi Chevrolet Prisma; una Toyota Hilux gris y un viejo Chevrolet 400 11369 Special.

También le atribuyeron a Jorge Castro (un hecho del 22 de noviembre de 2021 a través de una comunicación telefónica mantenida con un tal Ibáñez, representante de Pecam SA, una de las empresas particulares que fue víctima) haberle solicitado en dos ocasiones una "atención" –en el sentido de una dádiva para hacer valer indebidamente su influencia ante un funcionario– y recibir de su interlocutor la promesa de cumplir con la "atención".

El diálogo siguiente, presuntamente entre Castro y el constructor Ibáñez, fue citado por el fiscal como evidencia.

(...)

I: Yo mañana voy a arrancar en Sorrento y Cullen, quería ver si me mandabas alguna seguridad. C: ¿La seguridad ya está ahí?

I: Tengo que hacer seis casas más.

C: Pero eso hay que solicitarlo como hacíamos antes.

I: Sí, sí.

c: ¿Vos estás haciendo para la muni o para la provincia?

I: Para la provincia.

C: Yo tengo tres vigilantes para cada casita. Vamos a necesitar varios ahí. ¿La empresa está dispuesta a pagar?

I: No, no sé, porque no estaba manejando con provincia, no sé cómo es el tema, che.

C: Entonces lo tengo que hablar con la gente de provincia, con el Chino, el secretario de provincia. Yo no puedo establecer personal sin saber quién lo va a pagar. Dejámelo hablar con gente de provincia. Hoy el Chino no me va a dar bola.

C: Veo qué mano te puedo dar.

I: Haceme la gauchada.

C: Fijate qué atención puede hacer la empresa para que yo pueda hacerlo, ¿entendés? Hasta que nosotros lo podamos solucionar. Que nos haga una atención hasta que yo pueda resolver todo políticamente, porque me tengo que jugar la cabeza, ¿me interpretás? Tengo que mover la gente y voy a manejarlo por nuestra cuenta, ¿entendés? Yo mientras tanto voy a tratar de que ustedes estén cubiertos. Una mano lava la otra, fijate qué atención.

Y por último, acusaron a Gorgerino de haber confeccionado una planilla de adicionales y luego haberla presentado con su firma ante la Sección Policía de Servicios Adicionales con datos falsos.

Se trató de la planilla de la primera quincena de agosto de 2019 por el puesto fijo de Patricias Argentinas (prolongación de Colón) y Rezzara, en barrio Tablada.

Allí prestó servicios una mujer policía que advitió que en teoría no debía estar sola cumpliendo el adicional, pero con ella no fue ningún compañero. En el puesto debían encontrarse dos agentes en la franja horaria de las 20 a las 8.

La uniformada llamó al compañero que debía estar con ella. Y éste, de apellido Robledo, le constestó que no iba a ir, porque se encontraba cubriendo tareas de "controlador" de esos mismos servicios, sostuvo el fiscal Caterina.

Por la discusión con su compañero que se negó a ir al lugar (escenario de hechos violentos recurrentes), la uniformada hizo la denuncia en la ACP tras ser trasladada por personal de la Comisaría 16ª, seccional ubicada en el mismo barrio Tablada. Por hacer eso, dejó su puesto y su lugar fue cubierto por un único efectivo y no por dos.

Resolución y libertad

El juez Héctor Nuñez Cartelle tuvo por formalizada la audiencia imputativa y resolvió la libertad de los imputados con reglas de conducta por el plazo de 180 días. Ello pese a que Caterina había solicitado la prisión preventiva por el plazo de ley.

¿Las reglas de conducta? Presentación quincenal ante la Oficina de Gestión Judicial (OGJ); Prohibición absoluta de acercamiento a las personas que han denunciado y los testigos que van a declarar; constitución de domicilio, el cual no podrá mudar sin dar previo aviso al Tribunal y prohibición de salida de la provincia y del país.